Un nuevo magnicidio, ahora en Haití, acaba de ser inscrito en la historia contemporánea.
Acostado con la boca abierta, con la frente y ojo
izquierdo perforados por arteros disparos de un total de doce tiros, fue acribillado
y asesinado el mismísimo Presidente de la República de Haití, Jovenel Moise, y
ello en la propia residencia presidencial al promediar la una de la madrugada,
cuando un Comando fuertemente armado la tomó por asalto.
¿Es acaso en la historia, un hecho aislado el asesinato
certero y brutal de un Presidente? ¿Son los magnicidios fenómenos que suceden
únicamente en los países subdesarrollados?
En Bolivia, solamente por citar el siglo XX, se
registraron al menos tres evidentes o controversiales muertes de sus Presidentes:
Germán Busch en 1.939 muere de un disparo de bala calibre 32 en la cabeza,
entre versiones de suicido y asesinato; Gualberto Villarroel en el año 1.946
fue sacado por la turba desde el propio Palacio Presidencial y ahorcado con
lazo en uno de los postes de luz de la Plaza Murillo; René Barrientos en 1.969
muere al estrellarse su helicóptero en la localidad de Arque, Cochabamba, entre
la justificación de fallas técnicas o la perpetración de un verdadero atentado.
En el mismo Estados Unidos, tenemos los asesinatos de los Presidentes Abraham
Lincoln en 1.865 por un disparo en plena función en el teatro Ford, y de Jhon
F. Kennedy en 1.963 por precisos franco tiradores durante su desfile en carro
por una de las céntricas avenidas de Dallas.
¿Por qué en todos los países, sean ricos o pobres, y en
las diferentes latitudes del orbe, los magnicidios son una constante y muy
cruda realidad?
La contundente respuesta es que en el diseño
constitucional de los Gobiernos de Forma Presidencial, dentro de ese tramado tablero de ajedrez que representa el
juego de poderes, la figura del
Presidente resulta absolutamente preeminente respecto a los demás jugadores,
concentrando por ello un altísimo valor estratégico. Lograr derrocarlo,
asestarle un jaque mate, incluso a través de la opción criminal y sangrienta de
su asesinato, resulta una medida, ruin y reprochable sin duda alguna, pero
también eficaz para el cambio o freno rotundo en la conducción del país que
buscan las fuerzas opositoras de turno.
Precisamente para el caso de los cinco magnicidios
citados como ejemplo, éstos se perpetraron con el claro propósito de repeler
las reformas políticas propiciadas por éstos Presidentes, pero desdeñándose para
ello las vías institucionales de control y contención del poder, y apostando por
la opción criminal del magnicidio, pese a los daños colaterales de
desestabilización del país y un retroceso atávico de su clase dirigente.
La Democracia como valor y herramienta para el desarrollo
y bienestar de los Pueblos, repudia el uso de la violencia, y más aún el de la
criminalidad para la definición del destino de las Naciones, por ello resulta
de vital importancia que las Constituciones contengan mecanismos reales,
prácticos y efectivos para frenar y limitar el poder e influencia desmedidas de
los Presidentes.
En el presente caso del sangriento asesinato del
Presidente de Haití, nuevamente se confirma este panorama y situación, donde
individuos o sectores de la oposición se han decantado por el repudiable
recurso al magnicidio, ante un Presidente que concentró desmedidamente el poder
al gobernar sin el contrapeso de un Congreso o Asamblea, extendió su mandato con
triquiñuelas legales, y finalmente emprendió una reforma a su Constitución,
pero violando la misma.
Ante esta nueva constatación, sucedida en nuestro
hemisferio americano, y además en la primera República que logró instaurarse y
emanciparse en Latinoamérica; deben encenderse las alarmas de todas las
naciones que mantienen gobiernos presidenciales, como Bolivia y todos los
demás, para reforzar las normativas de nuestras Constituciones, pero más aún
para adoptar medidas de fortalecimiento de la responsabilidad y alta cultura
política de nuestras clases dirigentes, de manera que los límites, controles y
frenos al poder e influencia de los Presidentes de todas las Américas, logren
ser contenidos por vías y medios democráticos e institucionales, y nunca más
por la vía del recurso al asesinato del Presidente. Por ese camino
ganan la Paz y el Progreso de nuestros Pueblos desde dentro, y no por fuera de
los sistemas democráticos.
* @JoseMariaCabre es Abogado constitucionalista,
Profesor de Derecho, y ex
Procurador General del Estado
